Nos enteramos por los medios de comunicación que si no se
aumentan las tarifas de electricidad "está en juego la provisión del sistema
eléctrico". Semejante concepto provoca angustia en la gente. Ahora lo dice
el Ministro de Energía y antes una de las distribuidoras de Capital Federal.
Estamos frente a una nueva verdad revelada, pero no es así.
Como ex CEO de Hidroeléctrica Alicurá y ex Presidente del
Consejo Mundial de Energía en la Argentina comparto el concepto de que sin una
tarifa adecuada las generadoras y distribuidoras no pueden brindar un servicio
adecuado en calidad ni en cantidad.
Analizando el informe de la Asociación de Distribuidores de
Energía Eléctrica para 2015 vemos que la energía demandada por los usuarios
residenciales, las Pymes y el Alumbrado Público representó solamente el 31% de la
demanda total del sistema eléctrico. El 69% lo requirieron los grandes
usuarios. Los usuarios residenciales representan el 95% de los clientes de las
distribuidoras de todo el país. Es decir, las casas de familia y las Pymes
somos muchos pero nuestro consumo podría ser subsidiado un tiempo más hasta que
se aplique la ley 24.065 y el ENRE convoque a Audiencia Pública para definir
las tarifas a aplicar.
No logro entender la política seguida por el gobierno en
esta materia. En las Audiencias Públicas, son las empresas las que solicitan
los aumentos y para ello deben respaldar fehacientemente sus pedidos. El ENRE
decidirá lo aplicable. El gobierno no tiene nada que hacer. Su rol debiera ser
el de “auxilio a los consumidores” y salirse de ser el “malo de la película”.
Ahora bien, ¿cómo mantener unos meses más este subsidio que
por la vía judicial ya le están torciendo el brazo? La generación en manos
estatales se concentra en Yacyretá y Salto Grande que son hidroeléctricas con
un costo de combustible muy barato como el agua de los ríos Paraná y Uruguay. Representa
el 56% de la electricidad que necesitamos para esta propuesta.
Incluyamos entonces a las dos centrales nucleares de Atucha
y la de Embalse y agregamos otro 16% para llegar al 72% del total que
necesitamos. Las centrales nucleares tienen un muy bajo costo de operación y
por tanto no requieren de grandes remesas de la Tesorería.
Incluyamos entonces a las 2 centrales térmicas Timbúes y
Gral. San Martín que fueron pagadas por el gobierno anterior y representan el 30%
de la demanda requerida para llegar a cubrir el 100% de lo necesario para esta
medida de emergencia.
El suministro eléctrico a la población y a los pequeños
comercios no está en riesgo.
Si le dimos un principio de solución, aunque temporal, a los
usuarios residenciales veamos cómo resolver la situación del 69% restante mencionado
antes. Para ello, dejemos que las empresas generadoras y distribuidoras
negocien con los grandes usuarios contratos de abastecimiento con precio
pactado entre las partes. Que las generadoras compren su propio combustible y
definan un precio entre las partes. El Estado no debe inmiscuirse en estas
negociaciones entre privados.
Las distribuidoras le pedirán a los Entes Reguladores
(además del ENRE hay uno en cada provincia) una readecuación de sus tarifas a
usuarios. Si a raíz de ello los aumentos son muy significativos para el
bolsillo de la gente, el Gobierno puede gestionar
la emisión de un bono o una ON cotizable en la Bolsa de Comercio, en cabeza de
CAMMESA. El principal tomador sería el Estado junto a las compañías que se
benefician por este incremento de tarifas. Esos bonos pueden venderse en la
bolsa. De esta manera los aumentos decididos por el ENRE en Audiencia Pública
que le lleguen al público serán financiados con intereses pero pagados por la
gente en forma escalonada. Al mismo tiempo las distribuidoras eléctricas reciben
todo el ajuste desde el primer día.
Estas ideas no son ortodoxas pero tampoco lo fueron los más
de 14 años sin ajuste tarifario pero con inflación y costos crecientes para las
distribuidoras.
En los últimos días se escucha que a las distribuidoras
decir que el "quiebre de la cadena de pagos en la que se sustenta el
sector eléctrico en su conjunto". Es cierto pero si las distribuidoras de energía eléctrica en
la órbita del ENRE no pueden afrontar financieramente estas alternativas y
deciden llamar a convocatoria de acreedores, perderán la concesión según la
ley. Seguramente habrá otros grupos económicos dispuestos a tomar la posta.
