Por mi actuación profesional anterior como CEO de Southern
Energy International (USA) tanto para la Argentina (Hidroeléctrica Alicurá)
como para Chile (Edelnor), no puedo sino corroborar la necesidad de un precio
justo para la generación eléctrica y el gas natural así como también una tarifa
adecuada para la distribución de electricidad.
Además, defendí estos principios cuando era Presidente del
Comité Argentino del Consejo Mundial de la Energía y lo hice público en notas
publicadas en La Nación, El Cronista y Diario Perfil.
Luego de más de 13 años sin una correcta revisión tarifaria,
era necesario hacerlo. Sin embargo el ajuste será de tal magnitud que puede
convertirse en impagable.
Se advierten entonces fuerzas muy dispares que si no son
atendidas convenientemente por el gobierno producirán efectos contrarios a los
pretendidos originalmente. Es decir, la población se quejará con razón y mal
humor si se les aumentan exorbitantemente las cuentas que tiene que pagar
mensualmente por la luz y el gas que consumen; y las empresas que ya están
cerca de colapsar financiera y económicamente no podrán ni invertir en nuevos
equipamientos ni mantener el personal altamente capacitado que requiere la
industria energética.
No tengo el propósito de disputar la validez de los aumentos
ya que seguramente las propias compañías habrán acompañado la documentación que
respalda a estos próximos incrementos.
Sin embargo, un aumento de semejantes proporciones llama a
tomar medidas precautorias. Por ejemplo, llamar a Audiencia Pública como lo
pide la ley. Esto no fue lo hecho antes, donde no hubo una verdadera
intervención de los consumidores. Además las autoridades del ENRE no habían
sido elegidas por concurso ni habían obtenido la aprobación del Senado de la
Nación. Hoy la emergencia eléctrica puede justificar que se tomen medidas para
asegurar el suministro a la población pero no es suficiente motivo para
aumentarles la tarifa. Son dos cosas distintas.
Una vez determinada correctamente la tarifa a aplicar hay
que desarrollar un mecanismo de financiación de este aumento de manera que la
clase baja y la clase media lo puedan pagar sin sobresaltos.
El mecanismo no es nuevo y como decía en una nota publicada
en 2004 en La Nación “el esquema original de esto se conoce como London
Approach y fue implementado por el Banco de Inglaterra a mediados de los
70. Otras variantes son conocidas como Hong Kong Guidelines o como Jakarta
Initiatives, aplicadas en las décadas del 80 y 90”. Es decir se sabe cómo
debe hacerse, ya les pasó a otros y funcionó la receta.
Esencialmente ¿en qué consiste esta manera progresiva de
aumento al público a la vez que las compañías cobran el 100% inmediatamente?
Asumamos que hoy un hogar paga $180 de luz y mañana debería pagar $1.260, el
gobierno debe calcular una tarifa incrementada mensualmente para que en un
tiempo de 3 años ese hogar vaya pagando un poco más de los $180 y vaya saldando
la deuda de no haber pagado toda la tarifa de una sola vez y desde el principio.
¿Quiénes aportarán el capital necesario para financiar estos montos? Los mismos
que se benefician con el aumento de tarifas: las compañías de distribución
eléctrica por el citado aumento; los socios de estas compañías por la mayor
rentabilidad; los bancos que financian a estas distribuidoras por un nuevo
negocio financiero; las compañías de seguros que disminuyen su riesgo tanto con
las distribuidoras como con los bancos que les prestan; el gobierno por
la estabilidad social y porque disminuye subsidios.
El ejemplo se grafica acá abajo:
Ciertamente esta manera es más trabajosa pero indudablemente
más contemplativa de los difíciles tiempos que nos tocan vivir luego de años de
despilfarro.
Además, los miembros del ENRE deben ser nombrados por concurso público y con acuerdo del Senado. Esto desde hace ya muchos años no se cumple. Ni hoy siquiera.
