El pasado 6 de junio escribí un artículo que daba una opción
de aumentar las tarifas pero de manera que el usuario las pudiera pagar. Los
aumentos tarifarios que se vieron hasta ahora despertaron a la gente que usaba
el gas natural y la electricidad como si crecieran en los árboles.
El gobierno diseñó un ajuste tarifario que tuvo un impacto
tan grande en la población que todos tenemos ejemplos de incrementos que hacen
dudar si el profesionalismo y la equidad que debe primar en la acción del
Estado fueron buscados o se olvidaron en el apuro por ajustar.
El gobierno aumentó las tarifas en forma abrupta. Cierto es
que han pasado 12 años con una demora inexplicable, pero demora al fin, de un
incremento tarifario sin contemplar los aumentos de salarios otorgados en 12
años, la inflación creciente y la imperiosa necesidad de obras de mantenimiento
y ampliación en sus áreas de concesión por el crecimiento de la demanda. Sin
embargo, es demasiado pedir que la gente pueda pagar un aumento tan grande sin
la ayuda correspondiente. No consumir no es una solución aceptable.
Como el origen del incremento es financiero (ajustar hoy lo
que debías haber hecho ayer) yo planteaba en el artículo mencionado que los
generadores, transportistas y distribuidores de electricidad debían cobrar el
100% de la tarifa que determinase el Ente Regulador. Por otro lado, el gobierno
debía salir en auxilio de la gente y organizar a través de CAMMESA un bono que
supliera la diferencia entre el 100% de la tarifa y un progresivo aumento de
pagos, para que la gente no se ahogase económica ni financieramente. Los
usuarios residenciales pagarían en 36 meses y las Pymes en 18. El bono
cotizaría en la Bolsa de Comercio haciéndolo un instrumento de inversión y
aliviando enteramente al gobierno de la carga fiscal.
Una alternativa complementaria a este bono sería segmentar
la demanda residencial y de Pymes para aparearla con la generación que es
propiedad del gobierno. Es decir las hidroeléctricas Salto Grande, Yacyretá,
las centrales nucleares Atucha I y II y Embalse. Así se podría poner un
paraguas que proteja al menos a un 79% de esa demanda. Si se incluyen a
las nuevas centrales de ciclo combinado Belgrano
y San Martín cubrimos más que enteramente la demanda residencial y de pequeños
comerciantes e industriales.
El objetivo de este proceder es ganar tiempo para hacer el
ajuste en forma pausada sin que las cuentas fiscales se resientan fuertemente
ya que el combustible de Yacyretá y Salto Grande es el agua y el costo nuclear
es muy bajo. Solamente hay que financiar los gastos operativos de las centrales
y el costo de combustible de las dos térmicas nuevas que el Estado pagó al
contado. Veamos cómo hacerlo.
Según el informe de ADEERA para el 2015, las distribuidoras
eléctricas de todo el país sirvieron a 13,6 millones de usuarios (Edenor y
Edesur = 5,3 millones). De este universo 12,9 millones de usuarios corresponden
a tarifa residencial con consumos inferiores a 1400 kWh/bimestre y a Pymes con
consumos inferiores a 4000 kWh/bim. Ellos representan el 95% de los usuarios
de todo el país.
Sin embargo esa misma gente consumió en 2015 solamente el
28% de la energía generada. Esto es:
Estas tres categorías son las de menor kWh por usuario y si
se quiere proteger a la mayor cantidad de gente del necesario ajuste de tarifas
que hay que sin dudas hacer, ellas deberían ser las beneficiarias.
Hacerlo con el menor
costo fiscal posible
La generación hidroeléctrica de las Centrales Binacionales
Yacyretá y Salto Grande del año 2015 fue equivalente al 61% del consumo
residencial y Pymes. Las centrales nucleares fueron el 18%, las centrales
térmicas Gral. Belgrano y San Martín el 30%. Se supera con esta generación la
demanda a beneficiar y si bien no es la solución definitiva es una herramienta que puede
usarse para comprar tiempo y ajustar las
tarifas moderadamente.
Ajuste Tarifario
Si durante más de 12 años las tarifas eléctricas no
reconocieron los aumentos de costos en el Valor Agregado de Distribución. Si el
costo del combustible de generación para el sistema se estableció en $ 120 MWh
y se mantuvo inalterado durante años, claramente se ve que las tarifas
necesitan reajustarse. Nadie puede negar esto.
Ahora bien, la ley 24.065 establece que es el ENRE el
organismo adecuado para revisar las tarifas. Es el cuerpo profesional que
evalúa las propuestas presentadas por las compañías distribuidoras de
electricidad y determina cuál es el correcto valor a considerar. No debiera ser
el Ministerio de Energía quien haga el cálculo y determine el ajuste ya que los
tribunales se le oponen en justicia por no ser el organismo adecuado. Además lo
hizo mal.
El Ministerio de Energía debe en este tema solamente un rol de vigilancia y control de las
compañías de generación y de distribución de electricidad con el objetivo de garantizar
el suministro y la calidad del servicio a la gente.
Conclusiones
- Que el gobierno promueva el llamado a Audiencia Pública en todas las provincias.
- Que los Entes Reguladores determinen el correcto valor de la tarifa eléctrica con los precios de combustibles de hoy y con los costos operativos actuales.
- Que mediante la generación a cargo del gobierno se asegure el suministro eléctrico a los usuarios residenciales y Pymes de bajo consumo permitiendo un ajuste tarifario sin costos sociales excesivos.
- Que las compañías eléctricas soliciten ellas el aumento en la Audiencia Pública.
- Que el costo del combustible del sistema se determine siguiendo los lineamientos de la ley eléctrica.
- Que el gobierno se retire del mercado de combustible para generación y deje a los privados tomar el control como era hace 12 años. Progresivamente también.
Faltaron el pasado diciembre 1500-1700 MW de
generación provocando cortes de suministro. Seguirán faltando este invierno,
este verano aún más de 2000 MW. Cortes de suministro con aumentos salvajes a
los usuarios no son recomendables para nada.
