Las tarifas eléctricas a los usuarios residenciales se componen de un cargo fijo y de un cargo variable. El cargo fijo quiere representar la remuneración a la concesionaria por la inversión realizada y enterrada en la red de distribución. El cargo variable quiere representar el consumo realizado por el usuario.
Es lógico pensar que si hubiese inflación estos cargos puedan incrementarse. La ley eléctrica así lo contempla en sus artículos 40 al 49 del capítulo Tarifas.
De acuerdo con el INDEC la inflación desde 2002 hasta 2013 fue del 154%, sin embargo, no se produjeron aumentos en los cargos fijo y sólo en parte de los variables. Es decir que la parte de la tarifa que se destina a pagar los costos de la distribuidora y para realizar inversiones no ha tenido ningún aumento excepto las dádivas que de tanto en tanto le dio el gobierno.
Esto explica en parte, porqué en el verano las cuadrillas no daban abasto atendiendo reclamos por cables y transformadores saturados en su capacidad. La otra parte de la explicación se refiere a la falta de unidades de generación y de combustible para hacerlas funcionar. (Escribiendo estas líneas me acordé de algunos de los países del África que visité por trabajo en los años ´80. ¿Porqué será?)
Esta falta de ingresos genuinos también explica que las concesionarias no cumplan con los pagos a CAMMESA y se financien con esos fondos que cobran del usuario por la tarifa pero que no pagan al sistema nacional por la generación y el transporte de electricidad.
Pero volvamos al tema que nos ocupa. Las tarifas residenciales no han tenido aumento y el consumo residencial de electricidad representó en estos 11 años desde el 2002 al 2013 más del 37% del consumo nacional. Como durante estos años hubo una inflación del 154% me pregunto porqué tenemos que asumir ahora todo el ajuste. ¿No lo vieron antes en el Ministerio de Planificación? ¿No saltó ninguna alarma en la Secretaría de Energía? ¿Qué magia esperaban?
No hay magia posible en esto. Se cobra un servicio lo que vale. Si no se cobra al público lo paga el Estado pero alguien lo paga. El subsidio para ser efectivo debe ser limitado tanto en el tiempo como en su extensión. De no ser así se convierte en impagable y por tanto quiebra el sistema.
¿Cómo solucionar este problema de forma correcta y efectiva? Lo primero que hay que hacer es nombrar los miembros del ENRE por concurso público y con acuerdo del Senado de la Nación. De esta forma nos aseguramos que quienes aplicarán las normas son idóneos y políticamente aceptables.
Lo segundo es llamar a Audiencia Pública para modificar las tarifas y requiriendo de las concesionarias una propuesta para establecer la tarifa social, cómo aplicarla y a quiénes beneficiaría.
De esta manera, evitamos la discreción gubernamental y politizada a la vez que hacemos partícipes a las concesionarias de la solución en el marco de una Audiencia Pública que denota transparencia y participación ciudadana.
Cuando tengamos encaminadas las tarifas veremos entonces cómo hacer para que el sector generación se interese por incorporar nuevos equipos dentro de una prospectiva elaborada por la Secretaría de Energía, único órgano en posición de hacerlo con una mira nacional y con la capacidad de sus cuadros de planta para ponerlo en marcha.
Durante estos 11 años hicimos todo lo posible para que los inversores se fueran del sector eléctrico. Revertir esta tendencia aún después de aplicar las medidas correctivas indicadas antes, tardará un tiempo prolongado. Al menos los 2 años que restan a la Presidente en ejercicio y luego otros 2 años más para que veamos algunas de las obras concluidas.
El tiempo parece largo porque la falta de idoneidad fue muy prolongada. Pero si empezamos ahora veremos antes los resultados.
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